¿Tiene sentido comprar sin conocer lo que ofrece el mercado?
En el ámbito privado todos lo tenemos claro: antes de adquirir cualquier producto o servicio, contrastamos opciones, escuchamos propuestas y evaluamos soluciones.
En el sector público, sin embargo, esta lógica ha estado limitada durante años por una interpretación restrictiva de la normativa y por una cultura administrativa poco abierta al diálogo con el mercado.
Esto ha tenido consecuencias especialmente relevantes en contrataciones complejas, donde el desconocimiento del mercado dificulta la identificación de soluciones viables, la definición de requisitos ajustados y la planificación eficiente del procedimiento.
Imaginemos adquirir un vehículo sin haber visitado jamás un concesionario: redactaríamos nuestros requisitos, recibiríamos ofertas escritas y elegiríamos sin haber interactuado en ningún momento con un vendedor. Probablemente, acabaríamos realizando una compra poco ajustada a nuestras necesidades reales.
Durante años, algo parecido ha ocurrido en numerosos procedimientos de contratación pública.
Una historia de restricciones y miedo al diálogo
La normativa anterior, concretamente el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, contemplaba la posible exclusión de aquellas empresas que hubieran participado en la elaboración de especificaciones técnicas cuando ello pudiera generar ventajas indebidas o afectar a la competencia.
Aunque esta restricción perseguía proteger la igualdad de trato, su aplicación rígida generó un clima de recelo tanto en las Administraciones Públicas como en las propias empresas.
Por un lado, los órganos de contratación evitaban cualquier contacto previo con el mercado por temor a comprometer la licitación. Por otro, las empresas renunciaban a aportar conocimiento especializado por miedo a quedar excluidas de futuros procedimientos.
En la práctica, esta situación privaba a los poderes adjudicadores de información valiosa para diseñar mejores contratos.
Las consecuencias de un modelo excesivamente restrictivo
Paradójicamente, las limitaciones al diálogo previo podían favorecer prácticas menos transparentes.
Cuando no existen mecanismos formales de consulta, aumenta el riesgo de que determinadas decisiones se apoyen en información obtenida de forma informal y sin trazabilidad suficiente.
Entre los riesgos más habituales destacan:
- Especificaciones técnicas excesivamente restrictivas.
- Requisitos de solvencia desproporcionados.
- Ventajas competitivas para determinados operadores económicos.
Todo ello resulta contrario a los principios de transparencia, concurrencia e igualdad que inspiran la contratación pública.
El impulso europeo al diálogo técnico
La Unión Europea lleva décadas defendiendo la necesidad de que las Administraciones conozcan adecuadamente el mercado antes de contratar.
Ya en 1996 la Comisión Europea recomendaba mantener un diálogo técnico previo con los operadores económicos, especialmente en proyectos complejos o innovadores.
Posteriormente, las Directivas europeas fueron consolidando este enfoque hasta llegar a la Directiva 2014/24/UE, que abrió definitivamente la puerta a una regulación específica y transparente de estas actuaciones preparatorias.
El artículo 115 de la LCSP: consultas preliminares del mercado
La Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, incorpora esta figura en su artículo 115.
Las consultas preliminares del mercado permiten a los órganos de contratación obtener información especializada antes de iniciar una licitación y conocer mejor las soluciones existentes para satisfacer una necesidad pública.
Objetivos principales
- Obtener información fiable y actualizada del mercado.
- Conocer alternativas técnicas disponibles.
- Mejorar la definición de las necesidades.
- Informar a los operadores económicos sobre futuras contrataciones.
¿Quién puede participar?
Las consultas pueden dirigirse a:
- Expertos independientes.
- Organizaciones especializadas.
- Empresas del sector.
- Asociaciones profesionales.
Todo ello dentro de un procedimiento abierto, transparente y debidamente documentado.
Garantías para preservar la competencia
La LCSP incorpora importantes mecanismos de protección para evitar cualquier efecto discriminatorio.
Entre ellos destacan:
- Utilización transparente de la información obtenida.
- Prohibición de diseñar contratos a medida de un operador concreto.
- Formulación de conclusiones en términos generales.
- Respeto de los principios de igualdad y libre concurrencia.
La importancia de la documentación
Las consultas preliminares deben quedar reflejadas en el expediente mediante un informe que recoja:
- Los estudios realizados.
- Las entidades consultadas.
- Las cuestiones planteadas.
- Las respuestas obtenidas.
- Las conclusiones alcanzadas.
Esta documentación aporta trazabilidad y refuerza la transparencia del procedimiento.
Protección de la información confidencial
La participación en una consulta preliminar no implica la pérdida de derechos sobre la información aportada.
La LCSP protege expresamente los secretos técnicos, comerciales e industriales de los participantes, garantizando la confidencialidad de la información sensible.
Participar no impide licitar
Uno de los aspectos más relevantes del artículo 115 es que la participación en una consulta preliminar no impide concurrir posteriormente a la licitación.
Las empresas consultadas pueden presentar oferta siempre que se adopten las medidas necesarias para garantizar la igualdad de trato entre todos los licitadores.
Beneficios para la Administración
Las consultas preliminares permiten:
- Conocer mejor el mercado.
- Detectar soluciones innovadoras.
- Definir requisitos más realistas.
- Incrementar la concurrencia.
- Reducir riesgos en la ejecución del contrato.
Beneficios para las empresas
También generan ventajas para los operadores económicos:
- Mayor conocimiento de las necesidades públicas.
- Mejor alineación entre oferta y demanda.
- Identificación temprana de oportunidades.
- Posibilidad de aportar conocimiento especializado.
Conclusión
Las consultas preliminares del mercado constituyen una de las herramientas más útiles para mejorar la calidad de la contratación pública.
Permiten sustituir el desconocimiento por conocimiento, la improvisación por planificación y la desconfianza por transparencia.
La LCSP ofrece un marco jurídico claro para utilizarlas. El verdadero reto consiste ahora en incorporarlas con normalidad a la práctica administrativa y aprovechar todo su potencial para diseñar mejores contratos y obtener mejores resultados para la ciudadanía.