Análisis práctico
LCSP, jurisprudencia y tendencias del mercado, analizados con un objetivo: ayudarte a decidir mejor en cada compra pública.
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El Abogado General del TJUE analiza hasta dónde puede llegar la flexibilidad para fijar la ponderación de los criterios en un diálogo competitivo y establece un límite relevante: las bandas deben permitir conocer su orden de importancia.
El Informe 50/25 de la Junta Consultiva mantiene que las necesidades recurrentes deben planificarse, pero admite excepcionalmente contratos menores para prestaciones de muy escasa cuantía cuando su valor agregado no alcance 15.000 euros en cinco años.
El nuevo Cloud & AI Study de la Comisión Europea advierte de que la dependencia tecnológica ya no se limita al cloud. Analizamos sus implicaciones para la contratación pública y la redacción de pliegos.
El TJUE aclara que los participantes en un concurso de proyectos no pueden exigir ser oídos antes de la decisión del jurado, ya que el anonimato y la igualdad de trato prevalecen durante la evaluación.
El TSJ de la Comunidad Valenciana analiza las consecuencias de una prórroga impuesta fuera de los supuestos del artículo 29.4 LCSP y aclara cuándo el contratista tiene derecho a ser compensado.
La STS 319/2026 fija doctrina sobre el artículo 65.2 LCSP y aclara que, cuando los pliegos exigen una habilitación profesional, todos los integrantes de una UTE deben disponer de ella, aunque algunas prestaciones puedan parecer accesorias.
El Informe 9/2026 de la Comisión Consultiva de Contratación Pública de Andalucía aclara una cuestión frecuente: los contratos de suministros y servicios en función de las necesidades no pueden utilizar el incremento del 10% previsto en los artículos 301.2 y 309.1 LCSP sin tramitar una modificación contractual.
La Resolución 695/2026 del TACRC anula un criterio de adjudicación que premiaba formación y mejoras salariales. El problema no era la medida social, sino la falta de justificación de su impacto real sobre la calidad del contrato.
La sentencia C-210/24 del TJUE confirma que, en determinados contratos, las mejoras salariales pueden valorarse como criterio de adjudicación. Analizamos cuándo existe vinculación con el objeto del contrato y qué implicaciones tiene para la contratación pública.
Analizamos el Informe 3/2024 de la Junta Superior de Contratación Administrativa de la Comunitat Valenciana sobre el cálculo del valor estimado del contrato cuando existen modificaciones previstas, prórrogas y pagos por objetivos.
Analizamos la Resolución 544/2025 del TACRC y los límites entre la discrecionalidad técnica de la Administración y la protección de la competencia en la contratación pública.
El Informe 18/2025 de la JCCPE aclara si las prórrogas deben computarse para calcular los límites de modificación de los artículos 204 y 205 de la LCSP.
La LCSP incorpora numerosos mecanismos para facilitar el acceso de las PYMEs a la contratación pública. Entonces, ¿por qué siguen participando tan poco?
El precio no es solo una cifra. Es la referencia que conecta mercado, calidad y ejecución. Analizamos cómo construirlo correctamente y por qué condiciona todo el ciclo contractual.
El responsable del contrato es una figura obligatoria en la LCSP y desempeña un papel esencial en el seguimiento, control y correcta ejecución de los contratos públicos.
La resolución S/0001/23 de la CNMC muestra cómo varios operadores coordinaron su comportamiento para evitar competir en dos importantes contratos públicos.
El análisis de 5.053 recursos especiales tramitados en 2024 revela dónde se concentran los principales errores de la contratación pública y qué podemos aprender de ellos.
La nube ofrece una oportunidad única para modernizar las Administraciones Públicas. Analizamos las cinco claves para contratar servicios cloud con seguridad jurídica y eficacia.
El Informe OIReScon 2024 revela importantes carencias en la fase de ejecución contractual: modificaciones, subcontratación, planificación y transparencia.
La LCSP establece que la división en lotes es la regla general. Analizamos cuándo procede, cómo justificar su no aplicación y qué exige la jurisprudencia.
Las consultas preliminares permiten conocer mejor el mercado antes de licitar, mejorar los pliegos y fomentar una contratación pública más eficiente e innovadora.
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